La ONU señala a EE UU por la devolución de migrantes en avión al sur de México

La crisis migratoria acelerada por la atractiva recuperación económica de EE UU preocupa a las Naciones Unidas. Las oficinas en México de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH), ONU Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han reprendido este miércoles al Gobierno de Joe Biden por las deportaciones de migrantes en avión hacia el sur de México, una práctica extendida gracias al pretexto de la orden de salud pública a causa de la covid-19. “Las familias a bordo de esos vuelos que puedan tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica”, han denunciado en un comunicado conjunto.

Estados Unidos ha registrado 1,2 millones de arrestos de inmigrantes irregulares desde el pasado octubre, mientras que México ha contabilizado que en los primeros siete meses de 2021 recibió una cifra récord de 64.378 solicitudes de asilo. Las autoridades estadounidenses están respondiendo a la ola de migración con devoluciones “en caliente” de ciudadanos no mexicanos al interior de México en avión sin evaluar las necesidades de cada individuo. Estos vuelos “constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con la covid-19″, conocida como Título 42.

La orden estadounidense ha levantado ampollas entre EE UU y México, ya que permite la deportación inmediata sin trámite alguno de migrantes a través de una excepción de la ley. Ha sido utilizada en el contexto de la pandemia para evitar los trámites de asilo de las personas que atraviesan la frontera de forma irregular. Las agencias de ayuda humanitaria han insistido en que esta práctica priva a los migrantes de que se estudien sus necesidades para obtener el asilo por razones sociales, políticas o de seguridad. Además, aumenta el riesgo de convertirse en una práctica generalizada de devoluciones en cadena por parte de diferentes países y contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.