México demanda en EU a productores y vendedores de armas

El gobierno mexicano presentó este miércoles, ante una Corte Federal estadounidense en Boston, Massachusetts, una demanda en contra de productores y distribuidores de armas, a los que acusa de comercio negligente e ilícito del armamento que es traficado a México y llega a grupos criminales.

Este litigio estratégico no es en contra del gobierno de Estados Unidos, señaló el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y aseguró que el objetivo es que la industria armamentista demandada compense a México por el daño causado al país por prácticas consideradas negligentes.

Se trata de una demanda civil que busca la reparación de daños, pues esa venta de armamento está «íntimamente vinculada a la violencia que ha vivido nuestro país durante todo el siglo XXI», dijo Ebrard.

No solo se reclama el pago, sino que los objetivos centrales son que «cese esta impunidad en el tráfico ilícito de armas a nuestro país», que las empresas se responsabilicen de pagar campañas para prevenir el uso de armamento y que modifiquen sus conductas de realizar ventas de armas sin control ni verificar antecedentes de los compradores, explicó el canciller.

Además, se busca que fabricantes y comerciantes de armas desarrollen estándares razonables para monitorear su venta, y que los modelos tengan candados para evitar que su uso sea por personas no autorizadas o por la delincuencia, «y en su caso disciplinar a sus distribuidores».

«Argumentan no tener responsabilidad, pero sí la tienen y tienen información precisa» de quién compra las armas y, en tiempo real, saben que van para narcotraficantes, detalló Ebrard. Agregó que estas compañías incluso ya han desarrollado «diferentes modelos para el narco», con diseños estéticos, personalizados o con adaptaciones para su uso.

El consejero jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, explicó que este litigio «no atenta contra la Segunda Enmienda, que da derecho constitucional a los estadounidenses a portar armas; aquí estamos demandando por daños en territorio mexicano, donde no rige la Segunda Enmienda sino la ley mexicana, que tiene estricto control del comercio de armas, y un civil no puede comprar armas de fuego de manera legal y regular en México si no es con autorización de dependencias del gobierno».

Además, no se busca solo contrarrestar venta de revólveres, sino de armamento de guerra y equipos de alto poder que vienen a México.